Un juez con lo que hay que tener.

Más de 75 asociaciones creen que el expediente abierto por el CGPJ al juez Serrano de Sevilla es propio de una dictadura

18.06.2010

Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) Más de 75 asociaciones en defensa de la familia y la infancia, tales como la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida y la Asociación Pro Derechos del Niño SOS PAPÁ, creen que el expediente disciplinario que abrió ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano, conocido por su oposición a la Ley de Violencia de Género, es una actuación típica "de países dictatoriales en los que el totalitarismo impide la separación de poderes" y así se calla una voz crítica.

"No tenemos la menor duda de que ha sido una decisión sustentada en el deseo de callar una voz crítica y hacer desaparecer al disidente", denunciaron las asociaciones en un comunicado conjunto. Concretamente, el CGPJ abrió el expediente por una supuesta falta grave al incurrir el magistrado en una incompatibilidad por presidir hasta el pasado abril la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (Asemip) sin solicitar permiso al CGPJ.

Por contra, el CGPJ no ha considerado conveniente abrir expediente disciplinario contra el juez a raíz de sus críticas a la Ley de Violencia de Género.

DENUNCIAR LOS HECHOS

Los socios también anunciaron que van a denunciar los hechos ante el Defensor del Pueblo, el presidente del CGPJ, el Ministro de Justicia, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el fiscal General del Estado, el presidente del Gobierno, así como ante todos los órganos institucionales de la comunidad internacional.

En este sentido, califican de "sorprendente" que en Consejo declare incompatible con el cargo de juez la presidencia de Serrano de una asociación no gubernamental cuyo objetivo era velar por los intereses de los menores. Estas organizaciones entienden que este acto constituye "una seria conculcación del Estado de Derecho y un retroceso de los valores democráticos".

A su juicio, expedientar a una persona por haber pertenecido a una ONG "de la que jamás cobró dinero alguno", no se sustenta jurídicamente y, además, "abre las puertas a que se pueda abrir expediente a cualquier juez por emplear su tiempo libre en hacer el bien a la sociedad de forma voluntaria, por practicar la solidaridad con los más débiles, por defender la igualdad y proteger el ejercicio de los derechos de los menores".

AMORDAZAR Y PERSEGUIR A QUIENES DEFIENDEN LA IGUALDAD

Para ellos, es una realidad "vergonzosa para el sistema democrático" que la libertad de expresión, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el derecho a la presunción de inocencia se estén conculcando sistemáticamente, utilizando las instituciones del Estado "para amordazar y perseguir" a los que los defienden, 30 años después del franquismo.

Las organizaciones apoyaron expresamente al magistrado Serrano y "a todas las personas y asociaciones que son vetadas o discriminadas por defender la custodia compartida y por denunciar la inconstitucionalidad y la lesión a los Derechos Humanos que comporta la Ley de Violencia de Género".

Entre las asociaciones denunciantes se encuentran la Asociación Galega de Madres y Padres Divorciados, la Asociación por la Custodia Compartida de Tenerife, la Asociación MANDEFENDER, la Asociación Oasis o la Abuelos Separados de sus Nietos.

INFORMÓ EN 2009

Serrano explicó a Europa Press que el Servicio de Inspección del CGPJ le investiga por "activismo extrajudicial", lo que motivó que el juez remitiera al CGPJ un informe con fecha 18 de diciembre de 2009 en el que exponía que es miembro de la Asociación Gemme; hermano de la Archicofradía de Sevilla de San Isidoro; subsecretario de la Junta Directiva del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, y en ese momento presidente de Asemip.

En el informe, al que tuvo acceso Europa Press, el juez señalaba que también se dedicaba a dar conferencias y realizar publicaciones y propuestas de reformas legislativas, "simultaneándolo todo con llevar el Juzgado al día". "Es el tiempo que robo a mi tiempo libre, de ocio y el que también dedico a mi familia, el que me permite atender todas esas facetas", apostilló.

En el informe, el juez defendía en el informe que Asemip "no se ha constituido de espaldas al Consejo, pues se ha presentado y ofrecido colaboración a su propio presidente, Carlos Dívar, así como al vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa", quien acudió a las últimas Jornadas Científicas organizadas en Madrid el pasado día 6 de noviembre de 2009, dando una conferencia sobre 'La aplicación del Derecho de Familia en España: Situación actual y necesidades'.

PARTICIPÓ BONO

Tras indicar que un congreso organizado en Santiago de Compostela por Asemip entre los días 11 y 13 de diciembre de 2008 fue clausurado por el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, el magistrado argumenta que las asociaciones denunciantes, "sin documento alguno, y como es su tónica habitual de descalificación sangrante y gratuita, se limitan a insinuar que presido una asociación que comparte los principios de maltratadores".

"Siempre he proclamado, y en eso baso ese supuesto pernicioso intelecto que se me reprocha, que los jueces hemos de juzgar sin prejuicios y sin estar contaminados por ningún tipo de ideología, incluida la de género", según aseveraba el magistrado en el informe remitido al CGPJ, añadiendo que el CGPJ "no está para revisar los planteamientos ideológicos e intelectuales de los jueces, pues eso nos conduciría a la quiebra, desde su propio órgano de gobierno, de los pilares y fundamentos del propio Poder Judicial".

Nuevo episodio en la lucha contra la Ley del Aborto

Finalmente, el señor Ramón Camps se abstuvo de votar favorablemente el informe presentado por la ponente sra. Uría (PNV) al pleno. Gracias a que el presidente, sr. Dívar, votó en contra, el resultado de la votación fue un empate, que dejaba al CGPJ sin una voz que hacer oír sobre el anteproyecto de Ley del Aborto. Al menos, no le dieron al gobierno un cheque en blanco para esta Ley genocida.

Se calcula que unos 80.000 correos electrónicos llegaron al CGPJ pidiendo al sr. Camps que no votara a favor del informe. Esto ha podido influir en su decisión de abstenerse.

He aquí la noticia (tomada de la versión en internet del periódico El Mundo):
--------------------------------------------------------------------------------

El informe sobre la ley del aborto, bloqueado por los jueces en el CGPJ

Publicar entrada

El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en reunión con los jueces decanos. | Bernabé Cordón

• Es la primera vez que no presenta un informe sobre una iniciativa legislativa
• Estará en manos del Ejecutivo decidir si encarga o no otro texto

elmundo.es | Madrid

Actualizado jueves 23/07/2009 20:48 horas

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha logrado tomar una decisión sobre el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que considera constitucional el texto y recomienda que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimiento.Por primera vez en la historia una iniciativa legislativa del Gobierno no será informada por este órgano consultivo.

Ha sido la oposición del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, la que ha impedido dictar un dictamen favorable al informe. En los últimos días todo apuntaba a que Dívar, influido por sus creencias religiosas, situaría finalmente su voto al lado de los 9 magistrados conservadores, como parece ser que ha sido. Así, el dictamen ha quedado bloqueado al no lograrse una mayoría de 11 votos.

El sector progresista -9 magistrados- votó a favor junto a la ponente Margarita Uría, elegida por el PNV, mientras que Dívar sumó su apoyo a los conservadores, y el vocal de CiU, Ramón Camps, optó por la abstención. El resultado 10 votos a favor frente a 10 en contra.

El informe, preceptivo pero no vinculante y elaborado por Uría (PNV), recibió la pasada semana el visto bueno de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo por tres votos a favor y dos en contra y ahora debe recibir el refrendo del pleno. El dictamen recoge los votos particulares de los consejeros que votaron en contra, Concepción Espejel y Claro José Fernández (del PP).

Ahora, existen dos posibilidades o trasladar al Gobierno la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el informe o que el Consejo redacte uno nuevo, que sería el tercero después de que la Comisión de Estudios e Informes rechazara en primer lugar la propuesta de Fernández (PP), que consideraba inconstitucionales algunos aspectos de la ley.

El texto rechazado por el CGPJ entiende que la información a los padres contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de la patria potestad y tutela. "No obstante, circunstancias excepcionales debería poder fundamentar la no información en beneficio de la menor", recoge.

Por otra parte, el informe considera constitucional el anteproyecto del Gobierno y señala que "no configura un derecho subjetivo" al aborto, sino que "garantiza la igualdad en el derecho de acceso a la prestación sanitaria de la misma". También apunta que el sistema de plazos "no supone la desprotección penal de la vida del nasciturus" y sí "una renuncia a castigar penalmente durante un plazo determinado, concreto y limitado".