domingo, 22 de febrero de 2009

Otro paso de los pseudo-progres contra los niños

Otra noticia triste de las que abundan estos días en los medios de comunicación (y no me refiero a la famosa crisis financiera. Aunque sí que espero que la crisis eche a Zapatero del poder antes de que pueda hacer más daño a la Humanidad).

Diario de Burgos, 9 de febrero de 2009.

El Congreso presentará al Gobierno una ley que posibilite que las mujeres puedan parar su embarazo en ese plazo · El Partido Popular prepara su argumentación contra este texto.

efe / madrid

efe / madrid
El Congreso propondrá al Gobierno una nueva Ley de plazos que permita a las mujeres recurrir al aborto libre en un plazo máximo de 14 semanas de gestación, según informaron ayer fuentes de la Subcomisión parlamentaria creada para reformar la actual legislación, vigente desde 1985.
Tras tres meses de duros debates y una treintena de intervenciones de expertos, cada grupo expondrá el próximo jueves sus conclusiones y será la portavoz del PSOE, Carmen Montón, quien sintetice un documento que tendrá que ser ratificado por la Comisión de Igualdad.
No obstante, el proceso se puede alargar porque la parlamentaria del PP Lourdes Méndez confirmó que su partido presentará un voto particular contra el texto en la reunión de la Subcomisión, prevista para el próximo día 12.
Los populares esperan contar después con tiempo para redactar y desarrollar su postura, y exponerla al resto de las formaciones en otra convocatoria de este órgano parlamentario.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero promoverá la nueva Ley en base al documento final y a lo que decida el Comité de Expertos organizado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, cuyas conclusiones, previsiblemente, serán coincidentes.
La nueva normativa considerará por primera vez en España el aborto como un derecho, ya que, en su sentencia de 1985, el Tribunal Constitucional se limitó a despenalizarlo en los supuestos de peligro para la salud de la madre, violación y malformación del feto, alegando, además, que el Estado tiene que garantizar la vida del no nacido.
Aunque los socialistas no han desvelado cuál es el plazo de aborto libre que propondrán, los expertos convocados por este grupo han pedido que las mujeres puedan hacerlo sin alegar causa hasta las 14 ó 16 semanas, a excepción de los portavoces de las clínicas abortistas, que demandaron un plazo de hasta 24.
En la línea de lo anunciado por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, el partido de Ferraz y las formaciones de izquierdas propondrán previsiblemente una regulación de la objeción de conciencia de los facultativos.
Los grupos han denunciado que solo el tres por ciento de los abortos se practican en los hospitales públicos porque la mayoría de los médicos se niegan a hacerlos por cuestiones morales y éticas.
El voto del PP, contrario a la ampliación del aborto, se basa en la premisa de que todos los expertos convocados han argumentado que es «malo» y «un drama para las mujeres», que conviene reducir el número de los que se practican en España y, finalmente, que atribuir a una persona la facultad legal de disponer de la vida de otra es inconstitucional. Así, los conservadores propondrán «medidas en positivo» de apoyo a las féminas para que puedan seguir adelante con su embarazo frente a presiones económicas, laborales o familiares.

Denuncian una «farsa». El principal partido de la oposición ha esgrimido que la Subcomisión y el Comité de Expertos han sido una «verdadera farsa» a la que el PSOE está «deseando dar carpetazo» porque su objetivo es solo reformar la Ley, tras la investigación abierta en algunas clínicas.
ERC-IU-ICV y BNG coinciden en defender el aborto libre durante las primeras 20 semanas, mientras que CiU y PNV dan libertad de voto en esta materia.
Los partidos progresistas consideran que las recientes investigaciones judiciales sobre interrupciones del embarazo supuestamente ilegales revelan las «deficiencias» del marco actual. Su objetivo es que las afectadas y los profesionales que practican los abortos no se sientan perseguidos y que se garantice la confidencialidad y la seguridad jurídica de estas personas, así como la equidad y accesibilidad de la prestación en la red sanitaria.

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