Por supuesto, el Gobierno ya ha anunciado que la va a recurrir y ha puesto a la abogacía del Estado a trabajar para tumbar dicha sentencia.
No importa: habrá más sentencias valientes en el mismo sentido y eso debería hacer pensar a muchos que aún no se han dado cuenta del peligro de esa asignatura, equivalente a la franquista "Formación del Espíritu Nacional". Aunque, como también aquella se tornó contra los de entonces, al final la EpC se volverá contra estos pseudo-progres.
Dice la noticia que el Gobierno sólo quiere inculcar "los Derechos Humanos" y la Constitución en esa asignatura. ¿Qué derechos humanos? ¿Los que no incluyen ni siquiera el derecho a la vida de los más inocentes? Entonces que borren a mis hijos de esa asignatura. ¿Qué Constitución? ¿La que no ampara la vida de los que van a nacer? Pues que no impartan esa asignatura a mis hijos.
Antes no lo veía claro, pero cada vez lo veo más nítido: con un gobierno autor de la ley más macabra y sanguinaria de la historia de España (la futura Ley del Aborto) no es posible esperar nada bueno en materia de doctrina de ningún tipo. Hay que sacar las manos de estos indeseables de la educación de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a creer que les importan a ellos nuestros hijos si hacen leyes para asesinarles antes de nacer?
Este gobierno (y los anteriores parecido, pero en menor grado) se deslegitima a sí mismo moralmente dada su posición sobre el aborto.
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El Tribunal de Castilla y León admite la objeción a Educación para la Ciudadanía
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha admitido el derecho de los padres a objetar que sus hijos cursen la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), informaron este miércoles varios medios de comunicación. El pasado enero, el Tribunal Supremo dictaminó que no cabía la objeción de conciencia a EpC y que, por tanto, ésta era obligatoria.
Por ello, consideran de aplicación el artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones. Los jueces creen que la asignatura tiene una "intensa carga ética, moral e ideológica" y que, si bien emplea "conceptos difusos e indeterminados", éstos bastan "para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación, y ello con arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes".
El pasado 28 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (por 22 votos a favor y siete en contra) rechazó la objeción de conciencia a EpC y confirmó su obligatoriedad. Tras examinar cuatro recursos de casación sobre el asunto (tres procedentes de Asturias y uno de Sevilla), los magistrados concluyeron que EpC no lesiona el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Por eso no cabe el derecho a objetar.
Educación para la Ciudadanía fue aprobada por el Parlamento en abril de 2006, en el marco de la Ley Órganica de Educación. La asignatura provocó la oposición de los sectores conservadores, especialmente de la Iglesia católica, que la consideraron una herramienta de adoctrinamiento y un "atentado a la libertad" de educación moral y religiosa. Según el Gobierno del PSOE, sólo pretende transmitir "valores universales de los derechos humanos" y de la Constitución, como la "justicia, la igualdad, el pluralismo, la solidaridad y la libertad".
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